Los servicios mínimos del artículo 10 del RDL 17/1977 solo caben en servicios esenciales para la comunidad y los determina la autoridad gubernativa.

La decisión de la autoridad gubernativa ha de ofrecer fundamento acerca de la esencialidad del servicio, debiendo en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981, de 17 de julio, Fundamentos jurídicos 10.º y 15.º; Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1996, de 5 de mayo, Fundamento jurídico 3.º).

Por tanto, ninguna empresa puede fijar esos servicios mínimos unilateralmente.

La STS de 9 de febrero de 2021 declaró que la intervención de la autoridad gubernativa es preceptiva, insoslayable y constitutiva de la validez de los servicios mínimos, porque implica privar a determinados trabajadores de su derecho de huelga. Si una empresa impone por sí sola quién debe trabajar, qué servicios deben mantenerse o qué porcentaje de plantilla debe acudir, se expone a una declaración de nulidad y a indemnización por daños morales.

La competencia de la Generalitat queda limitada a los servicios de su titularidad o incluidos en su ámbito material de competencias. En el caso de servicios municipales, la competencia corresponde a los Ayuntamientos.

Cuando el servicio sea prestado o la actividad sea gestionada por empresas privadas, será el Ayuntamiento igualmente quien fije, en su caso, esos servicios mínimos.

Corresponderá a los órganos, entidades y empresas responsables de cada servicio realizar la designación nominal del personal dentro de las funciones, centros, turnos y dotaciones establecidos en la decisión gubernativa, previa audiencia de los respectivos comités de huelga.

La designación se realizará atendiendo a criterios objetivos, funcionales, transparentes y no discriminatorios, conforme a la cualificación requerida, el puesto y turno efectivamente desempeñados y, cuando sea posible, mediante criterios de rotación.

La designación no podrá ampliar las dotaciones, funciones, periodos o centros establecidos por la autoridad gubernativa.